Una de las provincias donde se
produjeron disturbios protagonizados por comités anarquistas locales fue la provincia de Cádiz.
El 10 de enero de 1933, el gobierno decidió enviar allí a
una compañía de guardias de asalto al mando del capitán Manuel
Rojas Feijespán.
Cuando el día 11 llegaron a Jerez de la Frontera, fueron informados de que la línea
telefónica había sido cortada enCasas Viejas,
una población de unos 2000 habitantes cercana a Medina Sidonia y que actualmente es parte del
municipio de Benalup-Casas Viejas.
En la noche del 10 de enero y en la
madrugada del 11, un grupo de campesinos afiliados a la CNT habían iniciado una
insurrección en Casas Viejas. Por la mañana rodearon, armados con escopetas y
algunas pistolas, el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban tres guardias
y un sargento. Se produjo un intercambio de disparos y el sargento y un guardia
resultaron gravemente heridos (el primero moriría al día siguiente; el segundo
dos días después).
A las dos de la tarde del 11 de enero,
un grupo de doce guardias civiles al mando del sargento Anarte llegaron a Casas
Viejas, liberaron a los compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el
pueblo. Temiendo las represalias, muchos vecinos huyeron y otros se encerraron
en sus casas. Tres horas después llegó un nuevo grupo de fuerzas de orden
público al mando del tenienteGregorio
Fernández Artal7 compuesto por cuatro guardias civiles
y doce guardias de asalto. Inmediatamente comenzaron a detener a los presuntos
responsables de ataque al cuartel de la Guardia Civil, dos de los cuales, después
de ser golpeados, acusaron a dos hijos y al yerno de Francisco Cruz
Gutiérrez, apodado
“Seisdedos”, un carbonero de setenta y dos años que acudía de vez en cuando a
la sede del sindicato de la CNT, y que se habían refugiado en su casa, una
choza de barro y piedra. Al intentar forzar la puerta de la casa de
“Seisdedos”, los de dentro empezaron a disparar y un guardia de asalto cayó
muerto en la entrada (en algunas versiones se dijo que el guardia fue retenido
como rehén y murió después)8 y otro resultó herido. A las diez de
la noche, empezó el asalto a la choza sin éxito. Pasada la medianoche, llegó a
Casas Viejas una unidad compuesta de cuarenta (o noventa según otras fuentes)
guardias de asalto, al mando del capitán Rojas, que había recibido la orden del Director General de
Seguridad en
Madrid, Arturo Menéndez, para que se trasladara desde Jerez y
acabara con la insurrección, abriendo fuego “sin piedad contra todos los que dispararan contra las tropas”.
El capitán Rojas dio orden de disparar
con rifles y ametralladoras hacia la choza y después ordenó que la incendiaran.
Dos de sus ocupantes, un hombre y una mujer, fueron acribillados cuando
salieron huyendo del fuego. Seis personas quedaron calcinadas dentro de la
choza (probablemente ya habían muerto acribilladas cuando se inició el
incendio), entre ellos “Seisdedos”, sus dos hijos, su yerno y su nuera. La
única superviviente fue la nieta de “Seisdedos”, María Silva Cruz, conocida
como “la Libertaria”, que logró salvar la vida al salir con un niño en brazos.
Hacia las cuatro de la madrugada del
día 12, Rojas y sus hombres se retiraron a la fonda donde habían instalado el
cuartel general. Allí fue tomando cuerpo la idea de realizar un escarmiento. El
capitán Rojas envió un telegrama al director general de Seguridad con el
siguiente texto: “Dos muertos. El resto de los revolucionarios atrapados en las
llamas”. Rojas ordenó a tres patrullas que detuvieran a los militantes más
destacados, dándoles instrucciones para que dispararan ante cualquier mínima
resistencia. Mataron al anciano Antonio Barberán Castellar, de setenta y cuatro
años, cuando volvió a cerrar su puerta tras la llamada de los guardias y gritó
“¡No disparéis! ¡Yo no soy anarquista!”. Detuvieron a doce personas y las
condujeron esposadas a la choza calcinada de “Seisdedos”. Les mostraron el
cadáver del guardia de asalto muerto y a continuación el capitán Rojas y los
guardias los asesinaron a sangre fría. En la declaración
del capitán Rojas a la Comisión Parlamentaria de investigación de los hechos
dijo:
«Como la situación era muy grave, yo
estaba completamente nervioso y las órdenes que tenía eran muy severas, advertí
que uno de los prisioneros miró al guardia que estaba en la puerta y le dijo a
otro una cosa, y me miró de una forma..., que, en total no me pude contener de
la insolencia, le disparé e inmediatamente dispararon todos y cayeron los que
estaban allí mirando al guardia que estaba quemado. Y luego hicimos lo mismo
con los otros que no habían bajado a ver el guardia muerto que me parece que eran
otros dos. Así cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la
anarquía que se estaba levantando en todos lados de la República»
“Poco después abandonaron el pueblo.
La masacre había concluido. Diecinueve hombres, dos mujeres y un niño murieron.
Tres guardias corrieron la misma suerte. La verdad de los hechos tardó en
conocerse, porque las primeras versiones situaban a todos los campesinos
muertos en el asalto a la choza de “Seisdedos”, pero la Segunda República ya
tenía su tragedia”.
Un testigo presencial, guardia de
Asalto, escribió jornadas después de los asesinatos que «allí estuvimos hasta
el final de la toma, que fue a las cuatro y cinco de la madrugada que se
sintieron los últimos tiros».
“De otras actuaciones de las tropas,
según las últimas investigaciones y aclaraciones de lo sucedido, resultaron
muertas dos personas más: Rafael Mateos Vela, por bala, y Joaquina Fernández,
que recibió una brutal paliza de la que se derivó su muerte. En total
veintiséis personas muertas o veintiocho si se consideran otras dos aquejadas
de infarto a consecuencia de la tragedia que vivieron esos días, Vicenta Pérez
Monroy, madre de los Pavones, que sí habían participado. Fueron encarcelados y
a los pocos días su madre murió de infarto; el otro era Manuel Cruz Montiano,
abuelo de algunos fusilados, también de infarto”.
Conocidos los hechos en el resto de España,
se produjo un gran escándalo periodístico y parlamentario que conmocionó a la
sociedad española. Los sucesos de Casas Viejas se convirtieron en un grave
problema político para el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña,
que tuvo que aguantar el acoso tanto desde la izquierda como desde la derecha,
que en las Cortes presentaron diversas interpelaciones (Diego Martínez
Barrio, del Partido Republicano
Radical, denominó al
gobierno de Azaña de “barro, sangre y lágrimas”). El Gobierno eludió
responsabilidades. Manuel Azaña dijo el 2 de febrero en su intervención ante la
Cámara:
No se encontrará un atisbo de
responsabilidad en el gobierno. En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos,
sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el
emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los
pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario, y se levantan unas docenas de
hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y
agreden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a
hacer el Gobierno?
Ante una nueva interpelación
parlamentaria, volvió a eludir sus responsabilidades:
Nosotros, este Gobierno, cualquier
Gobierno, ¿hemos sembrado en España el anarquismo? ¿Hemos fundado nosotros la
FAI? ¿Hemos amparado de alguna manera los manejos de los agitadores que van
sembrando por los pueblos este lema del comunismo libertario?
Por 170 votos a favor y 130 en contra,
las Cortes aprobaron la creación de una Comisión
de investigación sobre los sucesos el 24 de febrero,
formada por Emeterio Sobrino, Mariano Ruiz Funes,Gabriel Franco, Poza Juncal, Fernando González
Uña, Luis Jiménez de Asúa, Miguel
García Bravo-Ferrer,
Lara, Botella y Casanueva. El 15 de marzo,
la Comisión elaboró un informe definitivo en el que reconoce la existencia de
los fusilamientos pero exculpa al Gobierno. "Acusado de complicidad en una
represión desmedida -circuló la falsa noticia de una orden de Azaña a los
guardias: ni
heridos, ni prisioneros, tiros a la barriga- el Gabinete pudo superar la
investigación parlamentaria y dos mociones de confianza en las Cortes, pero
ello no impidió que se viera salpicado por un escándalo que, a medio plazo, le
sería enormemente perjudicial".
El director general de Seguridad,
comandante Arturo Menéndez, fue destituido, ocupando dicha dirección Manuel Andrés Casaus (que murió en San Sebastián en 1934,
víctima de un atentado). Arturo Menéndez fue detenido en la noche del 19 de julio de 1936 por los militares sublevados en el
tren Barcelona-Madrid, estación de Calatayud.
Fue trasladado a Pamplona y fusilado.
La CNT lanzó una campaña contra la
“política dictatorial y los políticos facciosos”, en la que exigía la
liberación de presos, la apertura de sindicatos,
la libertad de reunión y la libertad de prensa, así como la derogación de las leyes
“antiobreras” del 8 de abril de 1932, de Defensa de la
República y
los Jurados Mixtos. El periódico de la CNT describió los hechos como "una
razzia de mercenarios de la Legión en un aduar rifeño". La movilización culminó con la
convocatoria de una huelga general los días 9 y 10 de mayo de 1933,
“advertencia expresiva para los gobernantes que rivalizan en despotismo con las
dictaduras fascistas”.
El capitán Rojas fue juzgado en mayo
de 1934 en Cádiz y condenado a 21 años de reclusión por 14 homicidios. En julio
de 1934, 26 campesinos de Casas Viejas fueron juzgados por los delitos de
posesión de armas de guerra y ejecución de actos contra las fuerzas armadas.
Diez fueron absueltos y, de los restantes, uno condenado a 6 años de prisión,
cuatro a 5 años, dos a 3 años, seis a 2 años y tres a 1 año.
Autor:
Diego Pérez Vidal y Daniel Prada Vázquez
Fuentes:
-
http://www.guerracivil1936.galeon.com/problemas.htm
-
Enciclopedia: “Océano uno color”
-
Libro de texto y apuntes
-
Blog de Historia de España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario