Entre octubre de 1934 hasta abril de 1935, fue el cedista
liberal Manuel Giménez Fernández, que defendía el catolicismo social, quien
ocupó el ministerio de Agricultura desde el cual (aunque suspendió
temporalmente las expropiaciones que establecía la Ley de Reforma Agraria de
1932) amplió la legislación reformista con la Ley de Yunteros de 21 de
diciembre de 1934 que prorrogaba la ocupación de tierras por los campesinos
extremeños, poniendo así de nuevo en vigor, aunque sólo fuera parcialmente, el
Decreto de Intensificación de Cultivos que había derogado su antecesor Cirilo
del Río, y poniendo fin así a la amenaza que pesaba sobre ellos de ser
desalojados de las tierras por los propietarios.
Giménez Fernández impulsó un proyecto todavía más
ambicioso, la Ley de Arrendamientos Rústicos, que pretendía amparar los
derechos de los colonos, garantizándoles la compra de tierras a los doce años
de su explotación a un precio razonable. Pero las Cortes cuando aprobaron la
ley el 15 de marzo de 1935 la vaciaron del contenido social que tenía al
establecer una libertad total de contratación de arrendamientos, derogando la
legislación anterior sobre subarriendo, arrendamientos colectivos, desahucios y
revisión de rentas.
Una tercera ley, sobre incremento de pequeño cultivo, que
habría permitido parcelar parte de las grandes fincas extremeñas no prosperó.
Todas estas iniciativas le valieron a Giménez Fernández el sobrenombre de
“marxista disfrazado” o de “bolchevique blanco” por parte de las organizaciones
de propietarios que presionaron, junto con sector importante de su propio
partido la CEDA, para que quedara fuera del gobierno.
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