Cuestión religiosa
La aprobación de los
polémicos artículos 26 y 27 de la Constitución de 1931 abrió el camino para
imponer las pautas para la secularización legal del Estado por parte de la
izquierda gobernante.
Contra el parecer de muchos
republicanos, el anticlericalismo se convirtió en uno de los pilares normativos
del régimen, difuminando el efecto democratizador de la legislación laicista y
otorgando a los adversarios de la República una baza psicológica que supieron
utilizar.
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| Cartel en defensa de la escuela católica |
La reforma religiosa se centró en
cuatro puntos:
2.
Control estatal sobre
las actividades de las asociaciones religiosas
3.
Reversión al patrimonio
nacional de una parte de los bienes eclesiásticos
4.
Eliminación de la
influencia del clero en el sistema educativo
Las principales medidas legales
fueron:
a)
El Decreto de disolución
de la Compañía de Jesús, del 23 de enero de 1932: el Gobierno se limitó a dar
de baja a la Compañía y a nacionalizar parte de sus bienes (colegios y
residencias), no se trató de una nueva expulsión de los jesuitas. Los miembros
de la Compañía pudieron seguir ejerciendo su ministerio en el país pero sin
vinculación a una orden.
b)
El Decreto de
secularización de los cementerios. Firmado el 30 de enero de 1932, establecía
la propiedad municipal de la necrópolis.
c)
La Ley de Divorcio, del
2 de febrero de 1932. Siendo un derecho optativo, el Estado garantizaba la
libertad de conciencia de los ciudadanos al regularlo y mantenía la validez
legal del matrimonio religioso.
d)
La Ley de Confesiones y
Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 2 de junio de 1933 y
reglamentada por un Decreto del 27 de julio. Consistió en la regulación de las
órdenes y congregaciones religiosas, la reglamentación del culto público,
nacionalización de parte del patrimonio eclesiástico y demás lugares destinados
al culto religioso.
Atracaba, además, la base del
sistema educativo confesional al decretar el cierre de los centros de enseñanza
de la Iglesia, con excepción de los seminarios.
Sin embargo, cuando se aproximaba el
término del plazo legal para el cierre de los centros religiosos, se produjo la
derrota electoral de la izquierda. Los nuevos gobernantes radicales
suspendieron la aplicación de la Ley de Congregaciones, lo que permitió a la
Iglesia mantener abiertos sus establecimientos docentes.
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