Los partidos republicanos de
Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en
representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación
Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y
Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los
postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común
que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en
la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno, que habrán de
desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas
obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y
los límites de su coincidencia política, y, además, la ofrecen a la
consideración de las restantes organizaciones republicanas u obreras, por si
estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar,
en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la
reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes. Como supuesto
indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen:
-A conceder por una ley una
amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a
noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los
Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en
la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las
sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de
carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha
ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que
en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.
-Los funcionarios y
empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación,
acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán
repuestos en sus destinos
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El frente popular
promete amnistía a los represaliados por las protestas y huelgas.
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El Gobierno tomará las
medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los
obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas
políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de
servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las
empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las
disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que
hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a
los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la
legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente
eliminados.
-Se promulgará una ley
concediendo a las familias de las víctimas producidas por las fuerzas
revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la
represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.
En defensa de la libertad y
de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen
constitucional, los partidos coaligados:
Restablecerán el imperio de
la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley
fundamental. La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de
reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte
encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios
a la salud del régimen.
Se procederá a dictar las
leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su
normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que
deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en
aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando
la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo
correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el
trámite formativo de las leyes.
Se declara en todo su vigor
el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las
razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que,
sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra
la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para
evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
Se organizará una Justicia
libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y
posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las
condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los
procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los
Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará
de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros
especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se
humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos o incomunicaciones
no decretadas judicialmente.
Los casos de violencia de
los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos
reaccionarios aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades
concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se
procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su
respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la
separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o
parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios
aptos y de cumplida lealtad al régimen.
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