Los sectores más conservadores de la sociedad reaccionaron
negativamente a los procesos reformistas. Muchos propietarios de tierras se
opusieron a las nuevas medidas. Algunos empresarios industriales cerraron
fábricas y expatriaron capitales. La Iglesia Católica,
por su parte, temía la vuelta a una política anticlerical.
A pesar de la rapidez con que el gobierno inició la aplicación de
las reformas, para los sindicatos y los partidos obreros había que ir mucho más
rápido, no solo en el tiempo de aplicación, sino en el fondo de la reforma, es
decir, creían que había llegado el momento de poner en práctica la esperada
revolución social. Por el contrario, Falange (que no tenía representación
parlamentaria) incrementó su afiliación y puso en práctica la dialéctica de los puños y las pistolas con la finalidad de
provocar a las organizaciones de izquierdas. La violencia fue en aumento; los
atentados de uno y otro signo (bombas, tiroteos, paseos) eran continuos y las
huelgas y los disturbios crecientes. El problema del desorden público fue
empleado por los grupos de derechas para desacreditar al régimen republicano y
al gobierno del Frente Popular.
Bibliografía:
ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, x y otros: Historia
de España. Ed. Bahía edicións. A Coruña 2003.
TUÑÓN
DE LARA y otros: Historia de España. Ed.
Historia 16. Madrid 1986
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