Será a partir de aquí,
cuando empieza realmente el proceso de aprobación del Estatuto de autonomía,
repleto de incidencias y obstáculos, tanto legales como políticos. El más
señalado, es la propia reticencia cara la autonomía de gran parte de fuerzas
políticas de la época, desde las derechas no republicanas, que rechazaron de
forma sistemática el autonomismo, hasta el amplio abanico de republicanos
radicales, radicales-socialistas y de los partidos obreros, que en general, se
desentendieron desde octubre de 1931 de la cuestión autonomista gallega. Una
parte del republicanismo coruñés, liderada por César Alvajar con la agrupación
A la Tercera
República, hizo bandera de la lucha contra el autonomismo y al
que apodaba de “Estatuto caciquil”.
El 27 de abril de 1932, el
Ayuntamiento de Santiago impulsó un movimiento municipalista, lanza la
propuesta a las demás corporaciones gallegas de iniciar las gestiones para la
consecución de un nuevo estatuto regional. Bien acogida la iniciativa por los
demás ayuntamientos, el 3 de julio se nombra una comisión de 9 miembros, presidida por Cabeza de León que, recogiendo la experiencia del catalán y
acogiéndose a lo estipulado en la Constitución, redactará el nuevo texto. La
comisión está formada por tres regionalistas moderados, cuatro galleguistas y
dos de ORGA. El texto fue redactado en el verano, fue sometido a información
pública de ayuntamientos, partidos políticos, corporaciones y particulares
durante varios meses y la
Comisión contabilizó 50 enmiendas. Una nueva redacción del
texto fue discutido en la
Asamblea de Municipios, celebrada en Santiago los días 17, 18
y 19 de diciembre y aprobado en la última de las sesiones, después de acaloradas
discusiones (especialmente en el punto referente a la capitalidad de la región),
por una mayoría aplastante: se mostraron “conformes” el 77% de los
ayuntamientos gallegos, que representaban el 84.7% de la población. En las
sesiones estuvieron presentes, además de diversas entidades, 227 de los 319
ayuntamientos gallegos y los diputados a Cortes de la ORGA (ahora PRG), de Acción
Republicana (Martínez Risco), del P. G., el radical Vega Barrera, el
independiente de derechas Blanco Rajoy y el socialista Edmundo Lorenzo. Por
otro lado el PSOE se mantuvo al margen
de la cuestión autonómica.
Un apoyo externo esencial
para aquella movilización a favor del Estatuto fue el procedente de las colectividades
gallegas de la emigración, a las que, como reconocimiento simbólico, se les
informó por vía telefónica de la aprobación del texto estatutario. Más allá del
protagonismo conseguido por dirigentes compostelanos como López Pol, Rajoy
Leloup o el rector Rodríguez Cadarso, aparecieron nuevas figuras en el proceso
estatutario, como los pontevedreses Alexandre Bóveda (galeguista) y Bibiano
Fernández Osorio-Tafall (republicano).
Xosé Vilas
Nogueria y Alfonso Alfonso Bozzo
Pilar Rojo
Noguera, Ramón Villares y Roberto L. Blanco Valdés
Enciclopedia:
Historia de Galicia
Edicións A nosa terra
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